En esta coyuntura histórica, el Futuro económico de México también se juega en la Corte.

México ante el cambio judicial: incertidumbre jurídica en un momento clave para la inversión

·       De 10 mexicanos, 9 la dieron la espalda a la elección este pasado domingo

·       El nuevo poder judicial es afín al gobierno actual la autollamada Cuarta Transformación

Por Aurora Retes

La reciente elección presidencial y el consecuente reacomodo del Poder Judicial en México marcan un momento crítico para el país, no solo desde el punto de vista institucional, sino también económico.

La posibilidad de una transformación profunda en la Corte Suprema y el aparato judicial ha encendido alertas dentro y fuera del país, en un entorno geoeconómico particularmente volátil.

Una nueva arquitectura judicial

El anuncio de reformas al Poder Judicial, incluyendo la propuesta de elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros, ha sido calificado como un cambio de paradigma que podría debilitar los contrapesos institucionales y alterar el equilibrio de poderes en México.

Aunque la propuesta se presenta bajo la bandera de democratización y combate a la corrupción, diversas voces especializadas advierten que puede comprometer la independencia judicial, pilar esencial del Estado de derecho.

Si la justicia se politiza o se somete a ciclos electorales, se corre el riesgo de que la aplicación de la ley se vuelve errática, sujeta a intereses partidistas y presiones coyunturales. Esta falta de autonomía pone en entredicho la certeza jurídica, condición indispensable para atraer y proteger inversiones tanto nacionales como extranjeras.

México en el tablero geoeconómico global

Este momento coincide con un punto de inflexión geoeconómico: la reorganización de cadenas de suministro, la guerra comercial entre grandes potencias y la regionalización de la producción —especialmente en América del Norte bajo el paraguas del T-MEC— han hecho de México un destino estratégico para la relocalización de inversiones (nearshoring).

Empresas de sectores como el automotriz, tecnología, farmacéutico y energías renovables están evaluando a México como un nodo logístico y manufacturero clave. Sin embargo, esas decisiones dependen no solo de ventajas geográficas o laborales, sino de marcos regulatorios predecibles, procesos judiciales imparciales y la capacidad del Estado para hacer cumplir contratos y resolver disputas con apego al derecho.

Riesgos frente a oportunidades

La percepción de que México puede estar debilitando su sistema judicial —al reducir su independencia o someterlo a presiones políticas— podría erosionar la confianza de inversionistas institucionales y afectar negativamente indicadores como la calificación crediticia, el riesgo país o el flujo de inversión extranjera directa (IED) que este 2025 ha sido casi nula en detrimento de la economía nacional que ya esta frenada con las consecuencias evidentes de la perdida de más de 500 mil empleos este primer trimestre.

Incluso actores nacionales, desde grandes conglomerados hasta emprendedores y pequeñas empresas, podrían reevaluar sus planes de expansión o replantear su apetito por el riesgo si consideran que no existe un árbitro imparcial que garantice certidumbre jurídica.

¿Hacia dónde vamos?

México está en una coyuntura en la que puede consolidarse como un refugio atractivo para capitales globales que buscan estabilidad en medio del desorden mundial. Pero eso requiere instituciones sólidas, confiables y profesionales. La justicia es uno de los últimos pilares que no puede darse el lujo de tambalear.

La discusión sobre la reforma judicial debe darse con seriedad, sin precipitación ni cálculos electorales, y con una visión de largo plazo que priorice el interés nacional sobre el político.

La confianza es el principal activo de cualquier economía. Y en un mundo donde cada vez más países compiten por atraer inversión, el Estado de derecho no es un lujo: es una necesidad.

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