¿Por qué no le creemos al oficialismo?

Por Aurora Retes

     Equilibrio entre regulación y los derechos del ciudadano

En la era digital, las leyes que rigen las telecomunicaciones y la seguridad son un campo de batalla donde chocan intereses vitales: la seguridad nacional, la privacidad individual, la libertad de expresión y el desarrollo económico.

Este artículo exploramos las principales controversias que rodean a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en México y, en menor medida, ofreciendo una visión clara de los desafíos que enfrentan gobiernos y ciudadanos.

La aprobación e implementación de las leyes en materia de telecomunicaciones y seguridad en México ha marcado un antes y un después en el panorama digital y social del país. Si bien se argumenta que estas normativas buscan garantizar el orden, la seguridad nacional y los derechos de las audiencias, es crucial analizar sus implicaciones directas en la ciudadanía, particularmente en lo que concierne a la privacidad y la libertad de expresión.

La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), establecen un marco regulatorio amplio para los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Entre sus pilares se encuentran la promoción de la competencia, la expansión de la infraestructura y la protección de los derechos de los usuarios. Sin embargo, ciertos artículos y sus interpretaciones han generado debate en torno a la recopilación de datos, el acceso a la información y las facultades del Estado en este ámbito.

Por otro lado, las leyes de seguridad, ya sean las existentes o posibles reformas, buscan fortalecer la capacidad del Estado para prevenir y combatir el crimen. No obstante, es en la intersección de estas dos áreas donde surgen las mayores preocupaciones: ¿hasta dónde puede llegar la intervención estatal en aras de la seguridad sin vulnerar las libertades individuales?

Uno de los puntos más sensibles es la privacidad de los datos. Las normativas pueden obligar a las empresas de telecomunicaciones a almacenar información de sus usuarios (metadatos, geolocalización, etc.) por periodos prolongados, y a ponerla a disposición de las autoridades cuando sea requerida. Si bien esto se justifica bajo el argumento de la investigación de delitos, surge la inquietud sobre el uso indebido de esta información, la posibilidad de vigilancia masiva y la protección de los ciudadanos frente a posibles abusos.

La ambigüedad en los criterios para solicitar y acceder a esta información puede abrir la puerta a interpretaciones amplias por parte de las autoridades, poniendo en riesgo el derecho fundamental a la privacidad digital. Es imperativo que existan mecanismos robustos de control y supervisión para garantizar que estas facultades se ejerzan de manera proporcionada y únicamente bajo justificación judicial.

El derecho a la libertad de expresión también se ve directamente interpelado. Si bien las leyes buscan garantizar el pluralismo y la diversidad de contenidos, existe la preocupación sobre la posibilidad de que se restrinja la difusión de ciertas ideas o informaciones bajo el pretexto de "garantizar los derechos de las audiencias" o la "seguridad nacional".

La figura del "encargado de esta nueva encomienda" (refiriéndonos al regulador o la autoridad con facultades para interpretar y aplicar la ley) adquiere una relevancia crucial.

Las decisiones sobre qué contenidos son adecuadas o si una plataforma debe ser "bajadas" (bloqueadas o restringidas) pueden tener un impacto significativo en el flujo de información y en la capacidad de los ciudadanos para expresarse libremente en el entorno digital.

La posibilidad de que las autoridades ordenen la "baja" o bloqueo de plataformas digitales es uno de los temores más latentes. Si las leyes otorgan facultades discrecionales a un ente regulador para tomar este tipo de decisiones bajo la justificación de "asegurar los derechos de audiencia" o "prevenir delitos", se abre una puerta a la censura o a la restricción de contenidos que no se alineen con la visión oficial.

Es responsabilidad de la ciudadanía, la sociedad civil y los organismos defensores de derechos humanos mantener un escrutinio constante sobre la aplicación de estas leyes, exigiendo transparencia, rendición de cuentas y la garantía de que el acceso a la información y la libre expresión sigan siendo pilares fundamentales de nuestra democracia. La discusión sobre estas leyes no está cerrada; evoluciona con cada interpretación y cada impacto en la vida diaria de los mexicanos.