• Lic. Aurora Retes

¡Cuando todos tienen sus razones!


Cuando negocias dicen los expertos, tú eres yo, y yo soy tú.

José Narro Secretario de Salud del Gobierno Federal acompañado por la Gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich, anunció el pasado 23 de junio la construcción del nuevo Hospital General del Estado de Sonora con una inversión de 1,000 MDP que serán financiados por el Sistema Nacional de Protección a la Salud.


Aquí todo bien en la narrativa, el Gobierno de Sonora y la Federación alineados en el propósito de dar mejor calidad de vida y salud a los sonorenses con un nosocomio de especialidades y de alto nivel.


Hermosillo como todas las urbes emergentes del país, cuentan con institutos de planeación urbana municipal (Implam) que permiten tener decisiones colegiadas de ciudadanos y gobierno con una visión de largo plazo, hacer una comunidad sustentable y armoniosa que privilegie la calidad de vida de quienes habitan en ellas.


Lo más importante es que se define el uso del suelo y se marca un desarrollado ordenado y las vialidades y el uso que tendrán, unos como, corredores comerciales, vivienda residencial, industrial, hotelera, etc, por ello, se puede pensar que todo lo que se haga no debe causar sorpresa a nadie y menos que haya descontento social.


La ley de Participación Ciudadana aprobada en Sonora dice que los sonorenses tienen el derecho de acceso anticipado y oportuno a la información pública, como premisa indispensable para el ejercicio de los derechos de participación ciudadana establecidos y garantizados en la presente Ley.


Los ciudadanos están de acuerdo en que se hagan obras como el hospital y sobre todo se desarrolle un equipamiento urbano alrededor del nosocomio, con inversión de casi 440 MDP, ya que le da a Hermosillo la infraestructura que requiere urgentemente, ante un crecimiento del 2.5% anual por encima de la nacional.


El detalle es que si hay una planeación urbana municipal y una ley de participación ciudadana, son dos instrumentos legales que deben aplicarse para lograr consensuar las obras públicas y privadas sobre todo las que impactan a grandes sectores de la comunidad, ¿por qué no se hizo la tarea de utilizar estas herramientas que la ley contempla?.


El Movimiento “Familias Unidas del Sector Colosio Poniente”, residentes de las cerradas cercanas al hospital alegan que compararon hace más de 10 años y compraron caro, porque les vendieron la plusvalía adelantada y lo hicieron con sacrificio y trabajando duro, con la visión de acrecentar su patrimonio familiar y la decisión de compra se basó precisamente en el valor que las propiedades adquieren en el tiempo y el entorno que rodea es factor sustantivo de la rentabilidad del bien inmueble adquirido.


Además exponen que potencialmente crecerá la inseguridad y se congestionara aún más la vialidad en este sector poniente que actualmente tiene un aforo vehicular de 75 mil autos por día.


Por parte del estado se argumenta que no se podrá reubicar esta obra porque los estudios se iniciaron hace 2 años y se concluyó, que este es el lugar idóneo por el tamaño del terreno, además que el gobierno es el propietario y eso reduce costos muy significativos para desarrollar este nosocomio que tanta falta hace y sobre todo hay que amarrar los recursos este 2017, porque el 2018 viene con grandes recortes, además de que es de elecciones.


Es una obra importante que marcara un antes y después en el desarrollo del sector poniente de la ciudad con un equipamiento urbano multiplicador y que actualmente ya se transforma de una manera vertiginosa con los desarrollos de oficinas corporativas y comercial como Colossus, Andenes y Metro Centro.


Las partes tienen sus razones y una impone su visión, ¿quién gana o pierde?, pues el sentido común, dice que debe establecerse la razón del bien común, por encima de la minoría, pero la minoría dice que no fue avisada en tiempo y forma y las decisiones se les imponen con el amargo sabor que provocan.


El asunto es la gobernanza y “poner las cartas sobre la mesa”, y utilizar las herramientas de negociación que la ley tiene al alcance, para que la “parte afectada”, estén si no convencidos, si, tomados en cuenta con la información oportuna y transparente que no politice obras tan trascendentales como esta, y sobre todo, divida a la sociedad polarizándola; está cerca el 2018 y todo puede suceder.

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