• Aurora Retes Dousset

En la 4T las empresas mineras “pondrán sus barbas a remojar".

Grandes cambios vendrán ahora con la llegada de la nueva administración de la Cuarta Transformación que lidera el presidente Andrés Manuel López Obrador y el retorno de Napoleón Gómez Urrutia, líder del sindicato nacional de mineros y ahora senador de Morena, han prendido focos rojos en el sector minero del país, pues se busca la reordenación del sector y acabar con la flexibilización del sector por 30 años del modelo neoliberal.


Después de 5 años difíciles para la minería por los bajos precios de los metales, nuevos impuestos y la inseguridad, el panorama para el sector luce incierto a pesar de que aporta el 2.5% del PIB Nacional, genera 400 mil empleos directos, las empresas nacionales e internacionales han disfrutado de una flexibilización que se ve opacada por el nuevo entorno político y sindical.


Por un lado, el presidente de México ha ofreció reconciliación con el sector, por otro lado, persiste la amenaza y la acusación de que las mineras extranjeras especulan en las bolsas de valores de Canadá y Estados Unidos, apoyadas por los 90 millones de has concesionadas a estas empresas en anteriores sexenios.


Se habla que el tabasqueño va hacer una consulta con el pueblo sabio y bueno para preguntarle que hacer con las tierras concesionadas que no se trabajan y que son utilizadas para otros fines,


Los expertos dicen que todo parece indicar que la flexibilización de las leyes de que gozó la industria minera en los últimos 30 años y que les permitió acaparar una tercera parte del territorio nacional a través de concesiones de hasta 100 años, sin ninguna restricción, llegó a su fin.


Hay una nueva regulación en puerta y eso es a lo que las empresas mineras se tienen que enfrentar y la nueva Ley Minera, presentada en noviembre pasado en la Comisión de Minería y Desarrollo Regional del Senado de la República.


Busca regular la normatividad que rige las concesiones y asignaciones mineras priorizando la importancia de proteger y respetar los derechos humanos de las comunidades y pueblos donde se desarrolla la actividad.


Actualmente, la Ley Minera no considera la necesidad de realizar análisis de impacto social y de las consecuencias por el otorgamiento de concesiones. Tampoco consultar a las comunidades y pueblos afectados por las mismas.


La propuesta tiene como objeto facultar al Servicio Geológico Mexicano a realizar estudios de impacto social respecto de las áreas objeto de concesión y de asignación mineras.


También busca que la Secretaría de Economía pueda declarar zonas inviables de explotación o en conflicto por impacto social negativo, así como cancelar concesiones y asignaciones mineras por este motivo; y garantizar que toda concesión, asignación o zona que se incorpore a las reservas mineras atienda los principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las regiones en los que se pretendan desarrollar.


Otro ejemplo de los cambios que tendrán que enfrentar los grupos mineros que operan en el país, es la negativa del presidente de la República de permitir la fractura hidráulica (fracking) en México y la producción minera en áreas naturales protegidas.


Esta iniciativa, subraya la doctora Aleida Azamar Alonso, docente del Departamento de Producción Económica de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), es positiva para frenar la devastación provocada por la extracción de petróleo y gas, así como para resguardar las 182 áreas protegidas, en 50% de las cuales había proyectos mineros nuevos que probablemente ya no tengan continuidad.


Las empresas mineras estarían dispuestas a participar del cambio que propone el nuevo gobierno.


Fernando Alanís Ortega, presidente de la Cámara Minera de México (Camimex), se reunió con

integrantes de las comisiones de Minería y Desarrollo Regional, y de Estudios Legislativos, en el Senado, para analizar la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Minera.


Ahí, el también director general de Industrias Peñoles reconoció que existe preocupación e inquietud por la iniciativa presentada, y pidió participar en el análisis a profundidad “de las consecuencias que podría tener la aprobación de una propuesta de esta naturaleza”.


La reforma plantea una serie de opciones adicionales con las que podrían perderse concesiones, lo que nos causa incertidumbre. Está en todos los agremiados la preocupación de qué va a pasar con la Ley Minera y si seguirán existiendo las condiciones en el país para seguir invirtiendo”, sostuvo.


En ese sentido, dijo que México ha perdido mucho la atracción de inversiones. “En 2012 ocupaba el número 11 en esta materia. En el último estudio, de febrero de este año, bajó al lugar 44”.


Destacó que la industria minera genera 371,500 empleos directos en el país y dos millones de forma indirecta; paga 14,446 millones de pesos (mdp) por el derecho minero, establecido en 2014, y erogó por impuestos 35,000 mdp en 2017.


Para seguir creciendo, subrayó Alanís Ortega, la minería necesita certidumbre, pues son inversiones a largo plazo con 10 años de maduración. Es muy importante tener certidumbre jurídica para seguir generando inversiones, empleo y bienestar en las comunidades donde operamos.


Actualmente casi una tercera parte del territorio nacional ya está concesionado. Por ello, es necesario que exista una regulación de las actividades mineras con gran responsabilidad para garantizar el futuro y desarrollo del sector, sin abusos ni contaminación y de manera pacífica”.





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