Infonavit ¿justicia social o incentivo al delito?

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha anunciado un nuevo programa para regularizar viviendas que han sido invadidas, permitiendo que los ocupantes actuales puedan rentarlas con opción a compra y

eventualmente, escriturarse a su nombre en un periodo de cuatro a cinco años.

Esta iniciativa ha generado un intenso debate entre empresarios, trabajadores y especialistas en política pública.

El programa propone otorgar certeza jurídica a personas que actualmente habitan de manera irregular casas abandonadas o invadidas del Infonavit, a través de un esquema de renta con opción a compra. Si cumplen con pagos mensuales durante un plazo determinado, podrán adquirir legalmente la vivienda.

Esta propuesta del INFONAVIT ha causado revuelo en la iniciativa privada,  porque genera incertidumbre en la certeza de la legalidad de la propuesta.

Los pros que arguye el oficialismo  es la de recuperación de viviendas abandonadas: Muchas viviendas del Infonavit están vandalizadas o deshabitadas. El programa busca reincorporarse al parque habitacional útil y evitar su deterioro

Se argumenta que habrá reducción de inseguridad: Las casas invadidas o abandonadas suelen convertirse en focos de violencia, drogadicción o delincuencia. Regularizar su situación puede mejorar el entorno social y urbano.

El oficialismo actual agarra la bandera de la Justicia social, desde una visión humanitaria, se brinda una oportunidad de vivienda a personas de bajos recursos que ya están habitando el inmueble, dándoles acceso legal a un hogar y se convierte en un ingreso para el Infonavit,  en lugar de mantener activos improductivos, se convierte la ocupación irregular en una fuente de recuperación financiera mediante rentas y pagos.

 Los contras no se hicieron esperar, se asegura que se incentiva a la ilegalidad, Coparmex Nacional y varios organismos empresariales consideran que este programa premia a quienes invadieron propiedades, lo cual desalienta la cultura del cumplimiento y la legalidad.

Lo más grave es que desmoraliza al trabajador cumplido, aquellos que pagan puntualmente su crédito podrían sentirse agraviados al ver que quienes ocupan viviendas de manera ilegal están recibiendo facilidades y beneficios.

El Uso discrecional de recursos del fondo, representantes empresariales han advertido que el Infonavit no debe olvidar que sus recursos provienen de las aportaciones obrero-patronales, y que su función es otorgar créditos, no administrar programas sociales a costa del patrimonio de los trabajadores.

Y la falta de transparencia y consulta como organismos tripartito,  se cuestiona que esta medida no fue debidamente consultada con todos los sectores involucrados, en particular el sector patronal y sindical.

El debate está abierto, y será clave que se transparente el alcance, los criterios de selección y el impacto real del programa para evitar polarizaciones y pérdida de confianza en el sistema de vivienda que era un sector que se había mantenido con un grado de confianza alto en la sociedad.