Senado mexicano admite errores en la reforma de telecomunicaciones y abre la puerta a una corrección en la revisión del T-MEC

Por Aurora Retes

La discusión sobre la nueva reforma en telecomunicaciones tomó un giro inesperado luego de que el Senado de la República reconociera públicamente errores de diseño jurídico y la necesidad de revisar el proyecto antes de su aprobación final.

La rectificación ocurre en un momento crítico: Estados Unidos y Canadá han elevado preocupaciones formales ante sus propios gobiernos, argumentando que México podría estar promoviendo condiciones desiguales de competencia en favor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de su brazo comercial y de conectividad digital.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) manifestó inquietudes por la creación de un nuevo ente regulador que, en lugar de tener autonomía constitucional, dependería directamente del Poder Ejecutivo.

Para Washington, esto contraviene el espíritu del T-MEC, que exige que la regulación sectorial se ejerza con imparcialidad, independencia y neutralidad para evitar interferencias políticas que distorsionen el mercado.

Uno de los puntos más sensibles es que la reforma mexicana busca transitar de un modelo sectorial a uno orientado al servicio, cambiando criterios para concesiones, vigilancia del espectro radioeléctrico y obligaciones de competencia. Según la USTR, este cambio podría permitir que el Estado actúe simultáneamente como regulador y jugador comercial, abriendo la puerta a conflictos de interés si CFE–o su participación en proyectos como CFE Altán–recibe condiciones privilegiadas para expandir cobertura y cerrar la brecha digital.

Las inquietudes no se limitan a la estructura regulatoria. En el núcleo del debate se encuentra la administración del espectro radioeléctrico, un recurso esencial para el despliegue de telecomunicaciones móviles, redes 5G y servicios digitales avanzados. Empresas estadounidenses han advertido que los nuevos criterios podrían convertirse en una barrera técnica para inversiones y operaciones transfronterizas, especialmente si se modifica el esquema de licitación, costos y renovaciones de manera discrecional.

Ante la presión internacional y las señales de posible fricción en el próximo proceso de revisión del T-MEC, el Senado mexicano colocó a la Comisión de Economía como el eje para conciliar política, intereses empresariales y compromisos sociales. Su tarea será construir un marco jurídico que cumpla dos objetivos simultáneos: permitir al Estado impulsar conectividad en zonas marginadas y, a la vez, garantizar un piso parejo para todos los actores del mercado.

Legisladores han reconocido que México necesita fortalecer su soberanía digital y acelerar el cierre de la brecha tecnológica, pero admiten que ello no puede lograrse a costa de vulnerar reglas internacionales ni generar incertidumbre para la inversión.

La intención declarada es corregir los elementos de la reforma que podrían interpretarse como una ventaja indebida para CFE, así como reforzar la independencia del regulador que sustituirá al IFT.

El Gobierno mexicano defiende que su objetivo es universalizar el acceso y recuperar rectoría del Estado en la infraestructura estratégica; sin embargo, sus socios comerciales recuerdan que cualquier cambio deberá respetar los principios de transparencia, competencia efectiva y no discriminación previstos en el tratado trilateral.

En un contexto donde las telecomunicaciones se han convertido en el corazón del nuevo modelo económico, la manera en que México resuelva esta reforma tendrá efectos directos en inversiones, innovación y competitividad regional.

El Senado tiene ahora la responsabilidad de construir una solución que combine soberanía, modernización tecnológica y certidumbre jurídica antes de que la controversia escale a un diferendo formal en el T-MEC.

--