Carece de sustento legal suspensión de actividades promovida por el Sindicato de Trabajadores Académicos: Unison
- aurora retes
- hace 1 día
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El abogado general de la Universidad de Sonora, Rafael Ramírez Villaescusa, explicó que el pasado 13 de mayo de 2026 el Juez “B” del Primer Tribunal Laboral del Distrito Judicial con sede en Hermosillo determinó archivar el expediente relacionado con el emplazamiento a huelga del STAUS, al advertir omisiones e inconsistencias jurídicas que afectan la validez del procedimiento.
“Lo importante es que existe una resolución clara de una autoridad judicial que concluye el procedimiento. En consecuencia, cualquier suspensión de labores posterior a esa determinación no encuentra respaldo en la ley”, señaló. Ramírez Villaescusa recordó que una resolución similar fue emitida previamente en el caso del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora (STEUS), por lo que el Tribunal actuó bajo el mismo criterio jurídico para ambos casos, garantizando así congruencia y certeza en sus determinaciones.
El abogado general precisó que las observaciones hechas por la Universidad fueron presentadas oportunamente ante el Tribunal en las contestaciones correspondientes a los pliegos petitorios sindicales, señalando omisiones que vulneraban principios básicos del debido proceso y de legalidad. “Un mismo Tribunal no puede resolver de manera distinta asuntos esencialmente iguales.
Por ello, la determinación emitida en el caso del STAUS no sólo tiene sustento jurídico sólido, sino que además mantiene coherencia con la resolución previamente dictada en el caso del STEUS”, indicó.
La Universidad de Sonora reiteró que, pese a este escenario, mantiene su disposición permanente al diálogo y conserva vigentes todos los ofrecimientos realizados durante el proceso de revisión salarial y contractual 2026.
Finalmente, la institución hizo un respetuoso llamado a la liberación de los espacios universitarios y a la reanudación de las actividades académicas, a fin de evitar mayores afectaciones al derecho a la educación de más de 40 mil estudiantes de la máxima casa de estudios del estado.




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