Setecientas mujeres invisibles: el rostro oculto de las cárceles de Sonora

Siete de cada diez son madres y la mitad sigue sin sentencia. Marco Paz Pelat advierte que el Estado solo no puede cargar con la deuda social que se acumula tras las rejas.

Por la Redacción de Voz Empresarial ·  Hermosillo, Sonora

Detrás de los muros de los centros penitenciarios de Sonora habitan más de setecientas mujeres cuya historia rara vez aparece en el debate público. Siete de cada diez son madres de familia. La mitad permanece encerrada sin haber recibido sentencia. Y todas, sin excepción, ejercen la maternidad en un entorno diseñado sin pensar en ellas ni en sus hijos.

Así lo expuso Marco Paz Pelat, vocero del Comité Ciudadano de Seguridad Pública en Sonora, durante una entrevista para Voz Empresarial. Su diagnóstico es directo: la prisión preventiva oficiosa, ampliada por la reciente reforma constitucional, se ha convertido en un mecanismo que vulnera el principio de presunción de inocencia y agrava una crisis estructural que el Estado lleva años postergando.

"No es un tema de los últimos años, es un tema estructural de muchos años", subrayó Paz Pelat. "No hay espacios adecuados para ejercer la maternidad, no hay servicios especializados de ginecología ni de pediatría en muchos casos. A la desafortuna de la privación de la libertad se suma la falta de condiciones, violando los derechos humanos de ellas y de los hijos que las acompañan."

"Cometieron un error y tienen derecho a salir adelante. No estamos disculpando, estamos buscando que se respete su derecho a la reinserción."

El cuadro se ensombrece cuando se observa la geografía del castigo. Solo la mitad de los centros penitenciarios del estado son de uso mixto. Eso significa que muchas mujeres cumplen condena lejos de su lugar de origen, sumando una capa adicional de desigualdad: el desarraigo familiar. Actualmente se construye en San Luis Río Colorado un centro penitenciario destinado exclusivamente a mujeres, pero la solución sigue siendo parcial frente a la magnitud del problema.

Paz Pelat reconoce el trabajo que ya realizan colectivos y grupos de mujeres que llevan productos de higiene menstrual, ropa para los niños, alimentos y acompañamiento legal a las internas. "La situación sería peor sin esa solidaridad", admite. Sin embargo, advierte que esfuerzos dispersos no bastan: hace falta una agenda integrada, con presupuestos asignados, programas de salud mental, educación para los menores que viven en reclusión y rutas claras de reinserción laboral al cumplir las penas.

Una causa con nombre de mujer empresaria

La conversación abre una pregunta incómoda para el sector productivo sonorense: ¿qué papel le toca jugar al empresariado, particularmente a las mujeres con poder de convocatoria, frente a esta deuda social? Organismos como Coparmex, Canacintra, AMMJE y el Consejo Coordinador Empresarial de Mujeres cuentan con comisiones de género, pero estas siguen operando como minorías dentro de la estructura. La visibilización del tema —insiste Paz Pelat— es el primer paso, y de ahí debe seguir una articulación con la autoridad para que se asignen recursos y se construya un programa de Estado, no de sexenio.

La invitación fue recogida en cabina: el llamado es a que las asociaciones de mujeres empresarias suban este punto a su agenda y dejen de tratarlo como un asunto marginal. Porque cuando una madre va a prisión, no entra sola: arrastra consigo a un núcleo familiar, a hijos que crecen sin referente, a comunidades que pierden capital humano y a una sociedad que después tendrá que pagar, con creces, el costo de la omisión de hoy.

Reinserción o reincidencia

Hay modelos internacionales —en Alemania, Francia, Canadá— donde la participación laboral, los esquemas formativos y los fondos de acompañamiento posreclusión han demostrado reducir la reincidencia y devolverle dignidad a quien purgó una pena. México tiene la base constitucional para avanzar en esa dirección. Lo que falta es voluntad, presupuesto y, sobre todo, el reconocimiento público de que estas mujeres existen.

La cifra de 700 mujeres es solo el encabezado. Detrás se asoma un dato más punzante: cada una de ellas representa, en promedio, dos o tres menores que crecerán marcados por la ausencia. Estudios penitenciarios coinciden en que los hijos de madres reclusas presentan mayores tasas de deserción escolar, problemas de salud mental y, en el peor escenario, reincidencia generacional en el delito. Lo que hoy se ahorra el Estado en infraestructura digna y en programas de reinserción, mañana lo paga la sociedad en seguridad, salud y productividad perdida.

La paradoja sonorense es brutal. Mientras se anuncian inversiones millonarias en arcos carreteros, drones y videovigilancia —medidas necesarias para enfrentar al crimen organizado—, el rubro de la justicia con perspectiva de género y la dignidad penitenciaria sigue sin un capítulo presupuestal a la altura. Hablar de competitividad regional sin atender lo que ocurre dentro de los muros es contar la mitad de la historia. La otra mitad, la que casi nadie cuenta, vive con uniforme, con turnos de visita restringidos y con un calendario que se mide en audiencias que no llegan.

"Depende de las ganas y del compromiso que tengamos", concluye Paz Pelat. La frase, breve, resume el dilema. Setecientas mujeres esperan, en silencio, que la sociedad sonorense decida si va a seguir mirando hacia otro lado o si por fin va a tirar de ese hilo que conecta justicia, maternidad y desarrollo humano. Porque mientras tanto, detrás de los muros, también nacen los ciudadanos del futuro. Y con ellos, las preguntas que el Estado tarde o temprano tendrá que responder.